El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no cancelará candidaturas a la elección judicial ni subsanará las omisiones de los comités de evaluación, argumentando que carece de facultades constitucionales y legales para hacerlo. Esta postura fue aprobada por unanimidad del Consejo General del INE, en respuesta a la solicitud de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes pedían anular 26 candidaturas: ocho por no cumplir con el promedio mínimo de licenciatura y 18 por no tener buena reputación debido a vínculos con investigaciones federales activas.

El INE aclaró que revisará posibles pruebas en contra de los candidatos, pero solo después de la elección y únicamente en el caso de los que resulten electos.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, afirmó que la decisión busca brindar certeza jurídica y orden al proceso sin emitir juicios prematuros. También advirtió que cancelar candidaturas en este momento podría afectar la equidad electoral, lo cual no corresponde al rol del INE.

Algunos consejeros criticaron que el Poder Legislativo pretenda transferir al INE responsabilidades que no le corresponden. La consejera Dania Ravel señaló que aceptar esa petición sería invadir competencias de otras instancias, pues los comités de evaluación eran los responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

El consejero Uuc-Kib Espadas subrayó que aunque el INE ha tenido que resolver problemas no generados por él, en este caso no tiene sustento jurídico para intervenir, ya que la evaluación de las candidaturas correspondía a los comités técnicos del Poder Legislativo, y fue el Senado quien entregó la lista al INE el 12 de febrero.

La consejera Carla Humphrey destacó que el proceso inició con deficiencias, dado que los registros fueron realizados por entes no especializados. Aclaró que ni la Constitución ni la legislación electoral contemplan la cancelación de candidaturas por revisión posterior a la inscripción. Indicó que la próxima etapa de evaluación se realizará antes de entregar constancias de mayoría, cuando el INE analizará si los candidatos cumplen con los requisitos, incluyendo las disposiciones de la iniciativa “8 de 8 contra la violencia”, así como otras causales como deberes alimentarios incumplidos o condición de prófugo.

Humphrey también explicó que aunque las decisiones del INE pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral, por ahora no está facultado para cancelar candidaturas, pero sí para revisar los requisitos antes de validar los resultados. Para ello, se tomará en cuenta la información que aporten las cámaras legislativas y los ciudadanos.

Consejeros como Arturo Castillo, Claudia Zavala y la presidenta Taddei coincidieron en que el INE tiene claridad sobre sus funciones, y que su actuación debe asegurar certeza, objetividad e imparcialidad, sin beneficiar ni perjudicar a ningún candidato o partido.

Foto: José Luis Torales/Eikon.com.mx